Apurímac para el mundo

La ejecución de obras públicas representa el instrumento principal con el que cuentan tanto los gobiernos regionales como locales para promover el desarrollo de sus territorios, reducir brechas y mejorar la calidad de vida de la población. Debido a la situación por la que atravesamos respecto a la transferencia de gestión 2026 resulta imprescindible que se garantice la continuidad de las inversiones y se aseguren los compromisos de la gestión que se encuentra de salida, esto lógicamente será posible siempre y cuando la información que se brinde a la nueva gestión sea clara y correcta. La transferencia de gestión no solo se limita a la entrega formal del acervo documentario, sino que constituye un mecanismo de continuidad institucional que se sostiene en la transparencia. Debido a que las obras por naturaleza pueden extenderse superando el periodo de un gobierno, la continuidad debe responder a criterios técnicos y legales, independientemente del cambio de alcaldes o gobernadores. Un aspecto importante dentro del proceso de transferencia es desarrollar un diagnóstico situacional de las obras en ejecución, paralizadas, próximas a culminar o que se encuentran pendientes de recepción y liquidaciones, es por ese motivo que resulta primordial verificar el avance físico y financiero, los plazos contractuales, las obligaciones que se encuentran pendientes, la disponibilidad presupuestal y sobre todo los riesgos que puedan afectar a la culminación de cada proyecto de inversión pública. En este escenario se destaca la actuación importante de la oficina de abastecimiento, debido a que la continuidad de las obras públicas dentro del periodo de transición depende también de la adecuada programación de contratación de bienes y servicios. Por el contrario, la falta de materiales, los retrasos en las adquisiciones y, sobre todo, la falta de coordinación entre gerencias —como infraestructura, presupuesto, abastecimiento, contabilidad y tesorería— podrían generar paralización, retrasando las obras y generando que la gestión entrante no pueda continuar con la ejecución correspondiente. Es por ello que se necesita identificar los contratos vigentes, prestaciones pendientes, las valorizaciones que se encuentran en trámite o las obligaciones que requieren atención. Por ello, no solamente se trata de una entrega de documentos y obligaciones, sino más bien de la calidad de información que se transfiere, la identificación de riesgos y la capacidad de la entidad para garantizar la continuidad de las obras públicas. Asimismo, el compromiso de las autoridades y funcionarios, tanto entrantes como salientes no necesariamente como miembros de un partido político, sino como servidores públicos debe orientarse a preservar la continuidad institucional, fortalecer la transparencia y garantizar que se concluyan las obras en beneficio de la sociedad.